martes, 5 de junio de 2012

FORZADOS


“En el año dos mil me sacaron de finca, y hoy, doce años después, no puedo recuperarla a causa del TLC con Estados Unidos” dice Rufino.

Por: Alvaro Berdejo, Inguel De La Rosa, Lorena Jaraba, Wendy Olano, Diandra Pinto.

Rufino Santos, Desplazado
El conflicto armado en Colombia es un aspecto característico del país, y esto se debe a la frecuente participación que tienen los grupos al margen de la ley, incluso, en el marco de las acciones “legales” de la nación. Dentro del proceder de los grupos ilegales, una de las acciones más comunes, es el despojo de tierras, mediante el que diversas poblaciones se ven forzadas a migrar, abandonando su residencia, su vida y  sus actividades habituales.

Expertos en el tema de seguridad social manifiestan que se produce despojo de tierras a una persona en circunstancias como transferencia forzada de títulos bajo coacción a nombre del comandante o mando medio del grupo paramilitar o guerrillero implicado en el hecho, corrimiento de cercas para englobar predios de desplazados, uso de testaferros o familiares para ocultar la titularidad, la adjudicación a combatientes campesinos, compra de deudas hipotecarias y crediticias a los bancos y propietarios endeudadas por parte de mandos paramilitares y otros particulares,  venta forzada y a menor precio, y la expropiación violenta sin contraprestación económica.

Rufino Santos, vocero de un grupo de personas desplazadas y  quien creó la fundación “gotas de esperanzas” fue también víctima del traslado forzado de su propiedad, y tiene la firme esperanza de volver a recuperar aquella finca en la que trabajó arduamente.

Fue un día de viaje al año 2000, en Puerto Rico Tiquisio.  El señor Santos sonreía tratando de abrir sus pequeños ojos, sin rencor por el dolor que la vida le había causado. Comenzó a contar su historia diciendo que los grupos al margen de la ley  lo atacaron por ser un representante campesino. Después de su despojo, uno de sus hijos murió a causa del cáncer que se apoderó de él justo cuando llegó a Barranquilla. Rufino no quiere recordar en su totalidad aquella antigua vida, luchar por la que vive ahora y recuperar con los procedimientos correspondientes lo que legalmente le pertenece. Ese es su motor, sólo omite el dolor. Hoy, el terreno que ya fue despojado por grupos ilegales, le quiere ser desheredado por el gobierno. El TLC con Estados Unidos abre campo a multinacionales  procedentes de dicho país que necesitan terrenos específicos, como el que le pertenece a Rufino.

Certificado de Desplazamiento, otorgado por la UAO
Sin embargo, él omite esas contrariedades, sonríe y recuerda cuando llegó a esta ciudad. Dice que recibió ayuda de acción social, con unos equipos para panadería. Rufino se alzó, a él y a sus ocho hijos. Además, kits de aseo y la alimentación durante dos años corrieron por cuenta del gobierno. No obstante,  en estos momentos no recibe las atenciones que antes sí, aunque siga en la misma condición de desplazado y tenga los papeles que así lo sostengan. Esto se debe a la cantidad de casos, pues el Atlántico y, principalmente, Barranquilla,  ha sido el destino de miles de personas en condición desplazada por este enfrentamiento entre los paramilitares y la guerrilla, así como entre particulares y políticos que se han apropiado de sus terrenos, forzando a centenares de familias, principalmente campesinos, a emprender una vida urbana que, generalmente, se contrapone a su acostumbrado sistema de vida. En una visita a la UAO (unidad de atención y orientación a la población desplazada) observamos el desconocimiento de algunos casos, pues no sabían nada del Señor Rufino, y, además, manejan grupos particulares, es decir, no operan en sitios como La Loma aunque éste presente un caso de  desplazamiento palpable y que muchos ciudadanos barranquilleros conocen. Empero, estas personas deben luchar con o sin la ayuda de entidades gubernamentales, como nos lo recalcó Rufino.

La historia de este hombre llamó poderosamente nuestra atención, porque un desplazado que se preocupa por ayudar a otros y echa a un lado su situación es difícil de conseguir. Alguien que se despoja de lo poco que tiene y crea una entidad de la que hoy habla con orgullo porque ama su labor en ella. El señor Rufino Santos sólo habla del presente, de lo que ahora le hace feliz.

Comedor comunitario "Gotas de esperanza", casa de Rufino Santos
Volviendo al tema de la situación actual de la ciudad con respecto a esta problemática, encontramos que los desplazados se encuentran en diferentes sectores del distrito buscando posesión de tierras o invadiendo terreno, pues el estado no ha definido una acción radical que permita  subsanar  o, por lo menos, colaborarles en su dramática situación.  Por ejemplo, Rufino lleva ocho años tratando de conseguir una vivienda propia, pero siempre hay una excusa para no dársela. Sino es porque el proyecto no es aprobado es porque cambian al ministro de vivienda o al secretario, para esta población vulnerable siempre hay una justificación. Y aunque esta sociedad vulnerable localizada en la ciudad cuenta con herramientas legales como la ley de víctimas y restitución de tierras, según la comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, no han podido superar este problema que los tiene de un lado a otro.  Asimismo, los documentos legales muestran que estas personas tienen derecho de que se les restituyan si son despojados a causa del conflicto armado, como es el caso de Rufino quien con algo de tristeza nos mostraba los documentos que certifican su condición actual y reiteraba que el gobierno le quiere quitar su pedazo de tierra.

Rufino explica que quienes acuden a la fundación “gotas de esperanza” no cuentan con salud, vivienda, educación, no tienen saneamiento básico. No pueden acceder a lo que la constitución Política de Colombia manifiesta, el derecho que tienen todos los ciudadanos colombianos, sin importar al estrato que pertenezcan, religión, raza, en fin, que vivan en este territorio, a vivir de manera digna. Y aunque cuenten con asesoría de abogados que de manera desinteresada les colaboran, no han podido hacer nada por ellos. Es esa la razón por la que estas personas han invadido  terrenos a la espera de que el departamento, en cabeza del gobernador y la alcaldía,  les preste atención a cada una de sus necesidades.

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